Medios públicos municipales, precarización laboral y libertad de prensa en el interior del interior de la Argentina
La discusión sobre la libertad de prensa en Argentina suele concentrarse en los grandes medios, en la ciudad de Buenos Aires, en las capitales de provincias y en los espacios de alcance nacional.
Pero existe otra realidad, mucho más pequeña y menos visible, por ejemplo: la de los medios públicos municipales de las localidades de los territorios provinciales, donde la autoridad que administra la emisora es la autoridad de la que depende laboralmente quien trabaja allí.
En esos lugares, la independencia periodística no es solamente una cuestión editorial, también puede convertirse en un problema laboral.
La precarización, la falta de estructuras profesionales y la dependencia económica pueden colocar a los trabajadores municipales de una radio en una situación de vulnerabilidad frente al poder político. Y en comunidades pequeñas, donde todos se conocen, las consecuencias de una decisión laboral pueden sentirse mucho más allá del ámbito de trabajo.
No es necesario generalizar. Tampoco afirmar que todos los municipios funcionan de la misma manera. Alcanza con observar algunos casos concretos.
El de Los Surgentes, Córdoba, es uno de ellos.
Los hechos
En 2023 fui convocada por el intendente Gabriel Pellizzón para integrar su gobierno. La designación inicial fue como secretaria de Cultura. Acepté el convite, asumí y presté juramento.
Una semana después, el propio intendente decidió designarme directora de la radio municipal, instándome a dejar la función para la que había sido convocada originalmente. En ese momento no interpreté esa modificación como un acto discriminatorio. Simplemente asumí la nueva responsabilidad y comencé a trabajar.
Desde la dirección de la radio, puse mi experiencia profesional al servicio de la emisora, buscando desarrollar una programación informativa, dinámica y vinculada con la comunidad. La implementación de cambios generó resistencia en algunos trabajadores, aunque no en todos.
Más adelante se produjo un nuevo cambio dentro de la estructura del gobierno municipal. Mauro Almirón asumió como secretario de Gobierno y entonces, fui desplazada de la dirección de la radio.
No renuncié.
Luego de quitarme el puesto de secretaria de cultura y de directora de la emisora pública municipal, el intendente Pellizzón me propuso continuar en la emisora con un programa propio. Acepté porque necesitaba el trabajo y quería seguir haciendo radio.
Cuando asumió Luis Futesti como coordinador de la emisora crearon un grupo de trabajadores de la radio en la plataforma whatsapp pero no me incorporaron y tampoco fui convocada a las actividades sociales del equipo. Son hechos concretos. La valoración que hago de ellos es que fueron configurando un proceso de marginación dentro del ámbito laboral.
Con la nueva dirección y coordinación, la emisora cambió su nombre: “Somos Todos” nombre que coloque a la emisora durante mi gestión, pasó a llamarse “Con ADN Surgentino”. Una clara ruptura con la etapa de la radio que había dirigido.
El episodio que marcó el quiebre
Hace pocos días, durante el mes de septiembre, entrevisté a Paula Córdoba, exintendenta de Los Surgentes y actual directora del Centro Cívico de Marcos Juárez. La entrevista tuvo una razón periodística concreta. Días antes, Córdoba había participado públicamente de la entrega de créditos de un programa del Gobierno de Córdoba destinado a vecinos y emprendedores. Consideré que se trataba de una actividad de interés público y decidí entrevistarla. Una vez puesta en el aire la nota, el intendente Gabriel Pellizzón me interpeló por haberla realizado.
Ese hecho es central en esta historia.
A partir de esa situación se me planteó que tomara una licencia. El programa fue levantado en forma inmediata. La licencia consistía en seis meses con percepción íntegra de mis haberes.
La secuencia que puedo acreditar y que forma parte de mi experiencia laboral es concreta: realicé una entrevista periodística, fui interpelada por el intendente a raíz de esa entrevista y posteriormente mi programa fue levantado. Para entonces ya habían decidido levantar mi programa, de manera definitiva.
La secuencia que puedo acreditar y que forma parte de mi experiencia laboral es concreta: realicé una entrevista periodística, fui interpelada por el intendente a raíz de esa entrevista y posteriormente mi programa fue levantado. No estoy planteando una interpretación sobre una conversación que no ocurrió. Estoy describiendo una sucesión de hechos que viví y de los que conservo elementos que permiten respaldar mi relato.
Desde luego, no acepté porque considero que seguir percibiendo un sueldo durante seis meses, permaneciendo en mi casa y sin prestar tareas, habría significado convalidar una situación que entiendo ilegal. Para mí, cobrar del Estado sin trabajar por una decisión destinada a apartarme de mi función no constituye una solución laboral, sino una práctica que considero incompatible con el correcto uso de los recursos públicos y de la que no estaba dispuesta a formar parte.
Por eso decidí no aceptar la licencia.
No estaba dispuesta a ausentarme mientras se resolvía el destino de mi programa sin mi participación. Tampoco quise quedar involucrada en una situación laboral que consideraba irregular ni exponerme a decisiones que pudieran condicionar mi continuidad profesional.
El problema excede a una radio
Lo ocurrido en Los Surgentes no permite afirmar que todos los medios municipales del país funcionen de la misma manera, pero sí permite formular una pregunta que merece una discusión mucho más amplia:
¿Qué grado de independencia puede tener un periodista cuando su espacio de trabajo depende directamente del poder político que administra el medio?
Un medio público municipal debería estar al servicio de la comunidad, no de una gestión determinada. Puede informar sobre un gobierno, entrevistarlo, cuestionarlo o reconocer sus aciertos. Lo que no debería estar condicionado es la posibilidad de preguntar.
Porque la precarización laboral puede generar un silencio que no necesita una orden de censura.
El trabajador sabe que depende de ese ingreso. Sabe quién toma las decisiones. Sabe qué puede ocurrir si incomoda. Y muchas veces, simplemente, decide callar.
Por eso muchas situaciones que ocurren en el territorio nacional, fuera de las capitales, no llegan a los grandes medios, ni a las organizaciones que monitorean la libertad de expresión. No necesariamente porque no existan, sino porque quienes las atraviesan tienen razones concretas para no denunciar.
En una ciudad grande, perder un programa puede significar buscar otro medio.
En un pueblo pequeño, puede significar mucho más.
Un caso, una discusión pendiente
El caso de Los Surgentes pretende mostrar una situación concreta.
Una periodista convocada por un gobierno municipal, designada inicialmente en Cultura y luego al frente de una radio pública; posteriormente desplazada de la dirección, reincorporada con un programa propio y, después de una entrevista a una exintendenta, interpelada por la jefe comunal y finalmente privada de ese espacio.
Hay algo que para mí no admite discusión: una periodista no puede ejercer su profesión libremente si debe calcular las consecuencias laborales de cada entrevista, antes de realizarla.
No acepté una licencia con goce de sueldo. Podría haber sido la opción económicamente más conveniente. Elegí otra cosa. Elegí preservar mi libertad profesional.
No porque un programa sea más importante que un ingreso. Tampoco porque desconozca el poder que tiene una autoridad para tomar decisiones dentro de una estructura municipal. Lo hice porque hay una línea que, para mí, no se cruza.
Un cargo puede cambiar. Una dirección puede terminar. Un programa puede levantarse. Una radio puede cambiar de nombre.
Pero una trabajadora de la prensa y la comunicación no debe tener que entregar su voz para conservar un trabajo.
Y esa voz, en mi caso, no se negocia por ninguna conveniencia económica.
