Desde que se dispuso la suspensión de las clases presenciales, uno de los temas en debate que
fue tomando protagonismo en la agenda social-educativa es la continuidad del pago de las
cuotas de los colegios. La crisis económica producto de la pandemia, cruza a todas las clases
sociales, y con el correr del aislamiento preventivo y obligatorio, cada vez son más las familias
que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de las cuotas de los colegios. En abril la
morosidad se incrementó un 10% promedio sobre la ya elevada de marzo.
El debate despliega diferentes posturas: están los que consideran que la modalidad educación
no presencial no merece el pago de una cuota escolar; y los que reclaman una rebaja del arancel
entendiendo que las instituciones no están teniendo los mismos gastos que cuando abren sus
puertas para recibir a los alumnos. Ante este escenario, las autoridades de la Vicaría Pastoral de
Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires –que nuclea cerca de 255 entidades educativas
católicas, dentro de las cuales 68 dependen del Arzobispado de Buenos Aires-, sostienen que es
necesaria la percepción de la cuota escolar para garantizar el aprendizaje durante el aislamiento,
pero principalmente, para que las escuelas puedan abrir sus puertas cuando pase la pandemia y
recibir a sus alumnos en las aulas.
La Vicaría Pastoral de Educación abarca también una importante población de alumnos de
escuelas en zonas vulnerables, que actualmente son asistidas gracias al esfuerzo de toda la
Comunidad. “Nuestras escuelas están permanentemente activas y educando. Los
docentes siguen desarrollando las actividades académicas a distancia. Esta continuidad
pedagógica sería irrealizable sin el aporte sostenido de las cuotas familiares”, afirma
Alejandro Ceresa, director de Asuntos Públicos de la Vicaría Pastoral de Educación de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.
¿En qué se destina el presupuesto de una escuela?
“En promedio, un 80% del presupuesto de las escuelas se destina a sueldos del
personal”, afirma Ceresa, quien además enumera una serie de gastos fijos comunes a todos los
colegios:
Personal docente del plan oficial de todos los cargos no alcanzados por el aporte del
estado;
Cargas sociales, seguros obligatorios, medicina laboral y aportes a sindicatos;
Costos laborales de ingreso y egreso de todo el personal;
Diferentes suplencias por enfermedad, e indemnizaciones por invalidez;
Personal extraprogramático, materias especiales, tutores, jefes de departamento,
coordinadores y docentes auxiliares;
Profesionales de apoyo como son los asistentes sociales, psicopedagogos, y psicólogos,
entre otros;
Agentes de extensión cultural educativa, actividades extras, culturales y deportivas;
Agentes de pastoral educativa; personal administrativo, técnico y de maestranza;
Seguridad y limpieza, mantenimiento, remodelaciones, ampliaciones y nuevas
construcciones edilicias;
Mobiliario y equipamiento, material didáctico, tecnológico y recreativo, instalaciones
deportivas, biblioteca, etc.;
Desarrollo académico: análisis, diseño, elaboración, implementación y actualización de
planes de estudio;
Capacitación y formación docente continua. Plataformas educativas y de comunicación;
servicios e impuestos;
Becas, beneficios y bonificaciones; asesoría, suscripciones y consultoría técnica,
pedagógica, administrativa y legal. Servicios a la comunidad, clases de apoyo, misiones,
etc.
Algunas escuelas reciben aporte estatal, fundamentalmente las que cobran cuotas reducidas. El
aporte cubre un porcentaje “nominal” (Por ejemplo: 50%, 80%, 100% “nominal”) sólo de sueldos
para los cargos docentes específicos del Plan Oficial y únicamente en aquellos cursos que
superan un determinado número de alumnos. Para los otros costos enumerados, las escuelas
perciben dinero en cuota por parte de las familias. “Independientemente del porcentaje de aporte
estatal nominal, la escuela se hace cargo totalmente de los costos, fundamentalmente laborales
que éste no cubre, por eso la necesidad de seguir percibiendo el arancel por parte de los
padres/tutores, ellos lo saben y se preocupan cuando no pueden cumplir con su Escuela”,
explica José Luis González, director Administrativo Legal de la Vicaría Pastoral de Educación
de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
“Comprendemos la difícil situación por la que están atravesando las familias, es por ello que les
agradecemos por el compromiso compartido: tanto de tiempos como de recursos. Por su
participación más activa desde sus casas en el aprendizaje escolar de sus hijos e hijas. En
especial, porque en este contexto su esfuerzo económico resulta imprescindible para la
continuidad de la propuesta pedagógica y la sustentabilidad de nuestras escuelas”, agrega
González.
“En esta coyuntura de emergencia global, las escuelas han desplegado diversas medidas
generalizadas de alivio económico y financiero respecto de los aranceles mensuales. Todo ello,
según las posibilidades de cada institución, porque también contamos con el deber
impostergable de preservar las fuentes de trabajo de docentes, no docentes, auxiliares y
personal directivo, el pago de salarios o erogaciones ineludibles para sostenimiento del servicio
de educación y los nuevos costos que la virtualidad ha impuesto”, explica Ceresa. En el mismo
sentido, González agrega: “Buscamos el equilibrio de la economía de los docentes y personal en
general, el de las familias, y también del colegio que debe asumir todas sus responsabilidades,
estamos todos en la misma barca”.
En este tiempo difícil de crisis sanitaria y socio-económica, es importante fortalecer la alianza
familia-escuela y acompañar a los equipos directivos, docentes y colaboradores, que siguen
trabajando fuertemente para garantizar la continuidad del plan pedagógico. Para que esto sea
posible, todos los actores del sistema educativo deben hacer un esfuerzo para que luego de la
pandemia, todas las escuelas puedan continuar con las puertas abiertas y enfrentar las
adecuaciones que serán necesarias para la nueva presencialidad.
