Desde las 16.00, el Senado tratará el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, mientras en los alrededores confluirán, tal como pasó el pasado 10 de diciembre durante el debate en Diputados y en dos ocasiones en 2018, los sectores a favor y en contra de la legalización del aborto.
La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.
El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.
Con la ausencia de Carlos Menem, internado y en coma inducido producto de complicaciones en su cuadro, y la licencia de José Alperovich, acusado por su sobrina de abuso sexual, los «celestes» podrían no alcanzar los votos para rechazar el proyecto, aunque serán los indecisos quienes definirán la suerte de la jornada.
Carmen Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; Edgardo Dario Kueider, del Frente de Todos; Sergio «Oso» Leavy, del Frente de Todos; Stella Maris Olalla de Moreira, de Juntos por el Cambio; y Alberto Edgardo Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, son quienes aún no han hecho pública su decisión.
En el caso de Weretilneck, el senador oficialista se ha pronunciado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo pero, molesto por no haber sido consultado sobre la redacción final del proyecto, condicionó su voto a algunas modificaciones y hasta amenazó con abstenerse. Desde el gobierno nacional fue la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la que aclaró que no habrá modificaciones en el proyecto ya que, de haberlas, el expediente debería retornar a la Cámara de Diputados.
El oficialismo le ofreció sí la posibilidad de resolver estas inquietudes en la reglamentación de la ley, en el eventual caso de que se la sancione, pero el rionegrino insiste que «la reglamentación no puede alterar el espíritu o letra del proyecto» y que la solución sería modificarlo.
Entre lo que pide se encuentra una limitación hasta la semana 22 de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo a una persona violada mayor de 13 años. La media sanción no fija plazos. El otro punto que objeta el senador, por considerar que la redacción es demasiado amplia, es que en la media sanción de Diputados se permite el aborto legal después de la semana 14 en caso de que estuviera «en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante».
En el caso del también oficialista Sergio «Oso» Leavy, su voto podría modificarse tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández y por estas horas estaría evaluando no votar contra el proyecto que impulsa el mandatario. En el Ejecutivo esperan que al menos no vote en contra. De ser así, con una abstención complicaría la suerte de los celestes al restarle un voto. “Tengo convicciones personales pero también está lo que uno representa”, aseguró el salteño. En su provincia, mientras tanto, aumentan las presiones para que vote en contra del proyecto.
«Hay militantes que piden que vote de una forma y otros de otra. Me hubiese gustado un plebiscito, que todos los salteños voten y que en base a eso se haga ley. Pero se gobierna a través de los representantes. Está mi pensamiento, lo que uno quiere, en lo que se formó y está lo que uno representa y eso nos tiene debatiendo, hablando, seguimos viendo», explicó Levy.
Crexell, por su parte, se abstuvo en 2018 como diputada, y por entonces pidió debatir el límite de semanas para el aborto legal. “Se van a enterar de mi voto cuando apriete el botón”, afirmó la neuquina días atrás a La Nación. Algo similar ocurre con la entrerriana Olalla de Moreira, de Juntos por el Cambio, quien mantiene guardada bajo sietes llaves su decisión.
En el caso del oficialista Kueider, su voto fue clave para que el proyecto consiguiera dictamen en el Senado. Sin su rúbrica no hubiese alcanzado la mayoría necesaria en Justicia, una de las tres comisiones que discutieron la iniciativa. Eso sí, firmó en “disidencia parcial”, postura que justificó por la necesidad de introducirle cambios al proyecto, lo que pone en dudas su votación en el recinto.
El caso que le da un respiro a los verdes es el de la senadora oficialista Silvina García Larraburu, quien en 2018 votó en contra pero esta vez acompañó el dictamen del proyecto. Larraburu firmó el dictamen de legalización del aborto por su participación en la comisión de la Banca de la Mujer, a pesar de que su firma no era necesaria para lograr su aprobación. De hecho en esa comisión se necesitaban 10 firmas y consiguieron 14.
Aunque el poroteo se inclina por estas horas levemente hacia la victoria del sector verde, reina la cautela y la definición se conocerá sobre la marcha. En caso de un empate, será la vicepresidenta y máxima autoridad del Senado, Cristina Fernández, la encargada del desempate. En 2018, Cristina era senadora y aunque durante su gobierno no impulsó el proyecto, cambió la postura y votó a favor de la IVE.
Al debate, que se prevé termine de madrugada, le seguirá el tratamiento del Plan de los 1000 días para la protección de embarazadas e infancias, que se espera que, tal como ocurrió en Diputados, sea convertido en ley por unanimidad.
