Se manifestó a favor de los dichos de la ministra de educación porteña, en
cuanto a la necesidad de dar comienzo a las clases presenciales en los
establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17
de febrero de 2021, aplicando un protocolo de seguridad sanitaria acorde a
la situación.
El funcionario público, que forma parte del equipo del Jefe de Gobierno
Horacio Rodriguez Larreta, argumentó que esta urgencia radica en que “Las
escuelas además de enseñar son instituciones donde se protege al menor
brindando un gabinete de trabajo social, que se lo acompaña cuando hay
dificultades cognitivas, alimentación, como también prestando vital atención
en los casos de violencia de género y abuso sexual”
Ante la ferrea negativa de los gobiernos nacional y bonaerense de iniciar el
próximo ciclo lectivo de manera presencial, Giorno acusó que el gran
problema está en considerar a los niños sólo como portadores del virus,
omitiendo el perjuicio psicologico que conlleva 228 días de aislamiento,
además, del significativo deficit tecnológico en Argentina para sobrellevar la
educación a distacia.
Sobre la usurpación de propiedades
La usurpación de propiedades un delito que preocupa a la sociedad
Argentina, consultamos al Dr. Jorge Giorno presidente del Partido de la
Ciudad en Acción quien al respecto opinó lo siguiente.
La usurpación de la propiedad de tierras e inmuebles es un delito y
ultimamfente ha generado tensión entre los argentinos, fundamentalmente
porque el Gobierno Nacional pareciera argumentar lo contrario.
La supremacía de la Constitución Nacional ha quedado por el suelo, como
así también la del Código Penal que acompaña el cumplimento en todo
Estado de Derecho.
Giorno afirmó que afortunadamente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires considera que “Los derechos de propiedad y la seguridad
jurídica sobre los mismos, son condición para el desarrollo, el crecimiento y
también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos”.
Según Giorno La máxima autoridad porteña adhiere a que “Es imposible
pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de
Derecho. Y como marca la Constitución en su artículo 17, la propiedad es
inviolable y sólo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del
derecho a la misma”. Tanto la Constitución y el articulo 181 del Código
penal “será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años
quien "despojare a otro" de la posesión o tenencia de un inmueble cuando
ese despojo sea "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o
clandestinidad."
El Gobierno Nacional no admite la existencia de esta situación como un
problema, sin embargo, grosera y contradictoriamente, ofrecen una solución
monetaria a este problema que no existe, en referencia a la entrega de
sibsidios de parte del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel
Kicillof de $50.000 mensuales (hasta completar la suma de $ 300.000) que
ofrecieron para desalojar las tierras, mientras tanto el Jefe del Gabinete
Nacional, Santiago Cafiero, respondió con un informe del Ministerio de
Seguridad “una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’
mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es
que estamos ante un acto ilegal”.
Por último el presidente del Partido de La Ciudad en Acción destacó que
esta situación deja en evidencia el deficit habitacional que existe en gran
parte del territorio y la falta de un plan serio y sostenido para contrarestarlo
