En el sábado a primera hora, el Senado, en sesión especial, aprobó el proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Un monto menor de lo que recibía el Ejecutivo porteño.
La oposición rechazó la iniciativa y acusó al oficialismo de tomar una decisión «unilateral». «Es claramente inconstitucional lo que estamos tratando hoy», dijo Martín Lousteau este viernes, tras afirmar: «Acá claramente no hay acuerdo y no hay ninguna discusión seria sobre el monto de la ley».
El senador sostuvo que «el Gobierno elige castigar a una jurisdicción porque no le gusta su gobernador. Estamos debatiendo cómo se castiga a alguien porque piensa distinto», y advirtió que la oposición ya adelantó un recurso de amparo para frenar la normativa.
Carlos Caserio respondió las críticas: adjudicó la «arbitrariedad» al macrismo, y aseveró que el gobierno anterior gestionó el acuerdo de fondos de un «modo totalmente arbitrario e injusto, seguramente por una cuestión de amiguismo». Además, el cordobés indicó que, durante estos años, el gobierno de la ciudad «se quedó con 86.269 millones de pesos que no le correspondían» y pidió que se devuelva «al resto de los argentinos» dicho dinero.
En concreto, la norma aprobada establece a designar un monto de 24.500 millones de pesos -actualizable- para el gasto del servicio de seguridad porteño, en materia no federal. Los recursos, a partir de ahora, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal, que, en esta línea, se vería reducida al 1,4%, tal como rigió de 2003 a 2015.
Por otro lado, se sancionó el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, que promueve mediante incentivos fiscales, hasta el año 2029, «a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción software y servicios afines a las nuevas tecnologías».
La medida solo fue respaldada por el Frente de Todos y aliados ya que los integrantes de Juntos por el Cambio dieron el debate pero se ausentó de la votación. El expediente volvió a la Cámara de Diputados porque el oficialismo le introdujo varias modificaciones.
Entre los cambios, se estableció que el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tendrá vigencia desde el 1° de enero de 2020 para las empresas adherentes y hasta el día 31 de diciembre de 2029.
Podrán acogerse a los beneficios las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país que tengan en regla su documentación y en las que se acredite que el setenta por ciento de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas. En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
Además, deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un uno por ciento para las micro empresas, un dos por ciento para las pymes y un cinco por ciento para las grandes.
Quienes inviertan en capacitar a desocupados menores de veinticinco y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
Este proyecto busca promover la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear; entre otros rubros.
